La experta paraguaya en cuestiones de género Line Bareiro da
cuenta de la situación de la mujer en la región y en el mundo. A pesar de que
todavía persisten situaciones de discriminación, se muestra esperanzada en que
algún día se logrará la igualdad entre hombre y mujer.
De paso por Buenos Aires, la politóloga paraguaya Line Bareiro,
integrante del Comité de seguimiento de la Convención para la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés)
participó del Foro Lidera, organizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género (ELA). El encuentro se centró en los desafíos que enfrentan la mujeres
argentinas en materia de participación social y política, tema en el que Bareiro
es especialista. En charla con Debate, la politóloga contó que, si bien su
madre era feminista, su interés por la problemática de la mujer recién empezó
en 1975, en Alemania, donde se había ido a hacer estudios de posgrado.
Allí, participó de reuniones con otras estudiantes
latinoamericanas y, a partir de entonces, empezó a focalizar en esta temática.
Luego, a su regreso a Paraguay, en 1982, todavía bajo la dictadura de Alfredo
Stroessner, Bareiro formó parte de la creación del grupo Mujeres en Acción,
para el cual empieza a escribir y a involucrarse más con el feminismo. Su
trabajo en el Comité de seguimiento de la Cedaw la llevó a sacar varias
conclusiones, entre ellas, que América Latina no presenta las peores
situaciones de discriminación hacia la mujer respecto de todo el mundo. Pero tampoco
las mejores: todavía hay grandes niveles de violencia y altos índices de
impunidad. Y una deuda pendiente de regulación del trabajo doméstico, para el
que la mayoría tiene “pésimas” legislaciones.
América Latina está en un nivel medio de problemas con
relación al resto del mundo. Las peores situaciones son aquellas en las que las
mujeres están despojadas de derechos y la más grave de las discriminaciones es
la que se relaciona con en el derecho de familia, en donde hay sistemas de
poligamia o hay sistemas de derecho consuetudinario. Por ejemplo, un hombre se
casa primero por la ley civil y, luego, contrae enlace otra vez por el derecho
consuetudinario. Esto, en general, produce situaciones muy desventajosas para
las mujeres, porque suele haber un despojo económico para ellas y para sus
hijos, que no quedan en pie de igualdad. Esto se da en muchísimos países del
mundo, pero no en América Latina.
En las naciones de
extrema pobreza, ¿la mujer está más despojada de sus derechos?
No creo. Arabia Saudita es el segundo exportador de oro del
mundo y, ahí, la mujer está despojada de derechos casi como en ningún otro
lugar del planeta. Allí, la mujer no tiene derecho al voto ni a la licencia de
conducir: no puede manejar autos. Éstas son situaciones extremas de despojos de
derechos.
Entonces, la pobreza
no necesariamente tiene que ver con la discriminación.
Indudablemente, hay un tipo de situación muy mala que
proviene de la pobreza. En Somalia,
hay hambruna, muerte, campos de refugiados en los que hay extrema violencia, y
además es legal la mutilación genital femenina: un conjunto de terror. Por eso,
se puede ver que América Latina está en situaciones medias en el mundo con
respecto a la discriminación de la mujer. Una cosa muy importante es que hay una
sola ley civil y, por lo general, cuando se acepta el derecho consuetudinario se
lo admite con limitaciones y, en ningún caso, si hay violación de derechos
humanos. Pero, al mismo tiempo, somos un continente muy violento, donde está la
ciudad más violenta del mundo: ciudad Juárez. Al respecto, el Comité hizo un informe
que sirvió de base para la condena que luego recibió México por parte de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). En este sentido, resalto como un avance
importantísimo la media sanción que se obtuvo aquí en la Argentina para
incorporar la figura de femicidio al Código Penal. (n. de r.: el 18 de abril
pasado, Diputados aprobó la ley que agrava las penas en casos de violencia de
género, ahora debe tratarse en el Senado). En Latinoamérica, no sólo tenemos
problemas de violencia muy graves, sino también que son poco conocidos. La
investigación es deficiente. Yo vengo de la Ciencia Política,
pero conozco gente que viene del Derecho, de la Sociología y de otras ramas
humanísticas y, verdaderamente, nosotros no tenemos ninguna calificación para
estudiar este asunto porque, en realidad, son grandes temas de investigación
policial.
¿Cuál es su visión respecto
a la trata de personas?
En cuanto a compra-venta de mujeres, la explotación laboral y
sexual son las dos causas principales con las que se trafica con la gente. Hay pocos datos,
sólo estimaciones y esto no es suficiente. El Comité va haciendo
recomendaciones y siempre estamos trabajando sobre estos temas: trata, tráfico,
prostitución. Otro asunto para destacar es el alto nivel regional de impunidad.
En el caso de ciudad Juárez, las mujeres morían, desaparecían y la policía no
investigaba. No sólo pasa con las mujeres, porque existen relevamientos que
demuestran que tampoco se hace nada con las denuncias de asesinato de los
campesinos en lucha por la
tierra. Entonces, hay un tema conflictivo con los temas
judiciales. Pero una de las conclusiones a las que he llegado es que somos el
continente de la apariencia.
¿En qué sentido?
Porque nuestras declaraciones son bonitas; nuestras
intenciones son rimbombantes. El principio de igualdad y la no discriminación
están en todos lados y, por suerte, están y tenemos que preservar que sigan
estando. El derecho de familia es la fuente de discriminación hacia la mujer
más grave a escala global, pero en nuestra región ése tema no es grave. Sí son
alarmantes las situaciones de violencia, trata y tráfico. Pero, otro tema de
relevancia mundial es la situación del servicio doméstico, que es el principal
empleo de las mujeres jóvenes y pobres, que se caracterizan además, por tener
bajo nivel educativo. Que pueden ser las mujeres negras en Brasil, las
indígenas en Paraguay o las inmigrantes en cualquier parte del mundo. Porque,
¿de qué trabaja la gente que llega a otra país si es ilegal y no tiene papeles?
De lo que puede, o sea: para limpiar, cocinar, cuidar niños o ancianos; es
decir, para encargarse de lo que se llama la tarea reproductiva. Para retomar
la idea de la apariencia, uno de los ejemplos que se pueden mencionar es Brasil:
tiene una Constitución muy buena, que incorporó los derechos de la mujer en la
reforma de 1988, gracias al trabajo de las feministas que se proclamaron bajo
la consigna “Constituição para valer tem que ter direitos da mulher”. Sin
embargo, en su artículo 7, en el que se consagran 34 derechos para los
trabajadores, abajo hay un parágrafo único que dice que para el servicio
doméstico tienen vigencia sólo nueve incisos. Es decir, que por ese párrafo se
las despoja a las trabajadoras domésticas de 25 de los 34 derechos que rigen
para el resto de los trabajadores.
¿Qué hace el Comité de la Cedaw en un caso como éste?
Presenta un informe y se hace una recomendación para la
eliminación de esa discriminación hacia las trabajadoras domésticas. Cuando se
hizo el diálogo con Brasil, se le informó a la Cedaw que ya había una comisión
especial en la Cámara de Diputados para la modificación del artículo 7 de la
Constitución.
Entonces, por un lado
se declara la igualdad y la no discriminación y, al mismo tiempo, existe un
explícito despojo de derechos.
Claro. En otro campo, muy a menudo, tenemos la declaración de
los derechos políticos o lo que se debe hacer o la consagración del derecho a
la educación, a la salud, etcétera Y después no existe la forma de acceder a
ese derecho. En toda la región, esto es muy típico en el caso del aborto terapéutico.
El comité tiene la recomendación de implementar los mecanismos.
En la Argentina, la Corte Suprema
confirmó en marzo último la despenalización del aborto en casos de violación. Sin
embargo, algunas provincias se manifestaron en contra de esta decisión.
Pero, tarde o temprano, van a tener que cumplirla. Sonia
Correa (n. de r. especialista brasileña en temas de género) señala que entre
las primeras disposiciones referidas a salud reproductiva y el primer servicio
que se abrió en Brasil pasaron 25 años. A eso me refiero cunado digo que en
América Latina tenemos que atender no sólo a las grandes declaraciones de
principios, sino a que estén los mecanismos para acceder a los derechos. Porque
si no se puede ejercer un derecho es igual a que no exista.
¿De dónde proviene la
mayor cantidad de denuncias que recibe el Comité?
De Europa. Pero no es porque los países europeos violen más
derechos, sino porque las mujeres tienen más ciudadanía. Y, en el caso de que
sus derechos hayan sido violados, los llevan a instancias internacionales.
¿Hay algún caso que
sea paradigmático y que pueda mencionar?
Empezamos a trabajar con el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y nos llegaron dos casos. Uno, tristísimo, de Perú, de una
niña de 13 años que quedó embarazada, que fue abusada por un hombre de 34 años,
aparentemente en repetidas ocasiones desde que ella tenía 11. La niña, que no contaba
con formación alguna, no vio opciones y se intentó suicidar tirándose desde el
techo de su casa, pero no murió. Como estaba herida, fue llevada a un hospital,
donde le dijeron que había que operarla inmediatamente. Sin embargo, cuando se
dieron cuenta de que estaba embarazada, suspendieron la operación en defensa
del feto. La madre de la niña pidió acceder al derecho del aborto terapéutico,
que está contemplado en el código penal peruano, pero como desde el sistema
sanitario habían retirado el mecanismo para hacer el servicio, los médicos se
lo negaron. Tres meses después, la niña pierde el embarazo y entonces sí los
médicos le practican la
cirugía. Hoy, es una adolescente de 18 años que sólo puede
mover la cabeza y un poquito las manos. En este caso, el Comité le hace una
recomendación a Perú, en primer lugar para reparación de la niña, que quedó
anulada, y a sus hermanitos, que tuvieron que dejar la escuela para salir a
trabajar, ya que la madre le tiene que cambiar la sonda cinco veces por día. Y,
al mismo tiempo, para que se tomen medidas de no repetición, le decimos al país
que restablezca su protocolo de cumplimiento de la ley.
¿Y el otro caso?
Fue por la muerte de Alyne da Silva Pimentel, una mujer
afrodescendiente de 28 años, que trabajaba en el servicio doméstico, embarazada
de seis meses y a quien le fue negada la debida atención médica. Como
consecuencia, Alyne falleció luego de dar a luz a su feto muerto. Disminuir la
muerte materna es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de
Naciones Unidas, que sin embargo es un indicador que no baja, en parte, porque
no hay un debido seguimiento de los casos. Estos decesos son una vergüenza,
porque son situaciones prevenibles. Desde el Comité, pedimos una indemnización
para la madre y la hijita de cinco años de Alyne. Y, a nivel general, se exige
al país que garantice el derecho de las mujeres a una maternidad segura. Y
Brasil respondió con la creación del programa Cigüeña, para la atención de las
mujeres desde la fase inicial del embarazo hasta los dos años de vida de los
niños.
Justamente, Brasil
tiene un ministerio de la Mujer, ¿cree que es importante que los países cuenten
con un organismo de esta jerarquía para ocuparse de los asuntos de las mujeres?
Pienso que es favorable tener un mecanismo de alto nivel que
permita un trabajo transversal con el conjunto de ministerios. Que pueda tener
la capacidad técnica común, que sea un organismo principalmente rector de
políticas públicas. Puede ser que no tenga rango de ministerio, pero es muy
importante que posea condiciones jerárquicas. También, hay que recordar lo que
nos enseñó la experta chilena Virginia Guzmán, que habla de una trama
institucional y que hoy ya no existe un único organismo en el que se centran
todas las políticas de género, sino que se han ido tejiendo, justamente, una
trama institucional y redes informales que atraviesan la administración pública
y los distintos poderes del Estado, como las comisiones parlamentarias de la
mujer, por ejemplo.
El economista Bernardo Kliksberg
señala que, en Bélgica, la legislación dice que el 50 por ciento de los cargos
directivos de las compañías privadas deben estar en manos de mujeres. Como
contrapartida, en América Latina, las mujeres sólo ocupan el cuatro por ciento
de los puestos ejecutivos. ¿Cree que podremos llegar alguna vez a la situación
europea?
Estoy segura de que se puede llegar. Con los cambios que
hicimos en 36 años, desde 1975 (el año internacional de la mujer) a esta parte,
la verdad es que no dejo de asombrarme. Es impresionante cómo hemos logrado
transformar tantas cosas, sólo con la palabra. El movimiento de mujeres no tiene nada
más que la palabra. El
movimiento obrero tuvo las huelgas; el movimiento campesino, los cortes de ruta
o las ocupaciones de tierras. Las mujeres no contamos con nada más que con la
palabra. Porque está clarísimo que el afecto y el cariño nunca nos dieron derechos.
Sólo la fuerza de desnaturalizar las situaciones de opresión, de demostrar que la
discriminación no es lo lógica, y hacer nuestro aporte.
El Comité Cedaw
La Convención para la Eliminación de Toda Forma de
Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) fue aprobada
en 1979 por la
Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). De los 193 países
miembros de la ONU, 187 adhirieron a la Cedaw, por lo que es considerada un
instrumento universal de derechos humanos. Sólo siete países no lo integran:
Estados Unidos, Irán, Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Tonga y Palau. Las naciones
miembro se comprometen a consagrar la igualdad de género en sus legislaciones,
a erradicar las leyes discriminatorias y a promulgar disposiciones que
favorezcan la igualdad.
La tarea de supervisión de la Convención la realiza el
Comité de seguimiento de la Cedaw, que es un órgano conformado por 23 expertos
de “de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la
Convención”. En 2012, se cumplen 30 años desde que entró en vigencia, por lo
que habrá festejos a nivel mundial. Los expertos se reúnen tres veces al año
(dos en Ginebra y una en Nueva York) para evaluar los informes que envían los
países miembro.
Line Bareiro es una de las cuatro expertas latinoamericanas
que integran el Comité. Las otras tres son: Silvia Pimente (Brasil), Magaly
Arocha (Cuba) y Bárbara Bailey (Jamaica).
Publicado en Debate en mayo de 2012.
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